El caso Chocobar, o todo lo que no debe hacer un Ejecutivo con el Poder Judicial.

Se conoció recientemente la resolución de la Cámara del Crimen que confirmó el procesamiento de Luis Oscar Chocobar, aunque modificó el encuadre dado al caso que pasó de homicidio con “exceso en la legítima defensa” a “exceso del cumplimiento de un deber”. Sin entrar en profundidades doctrinarias, la nueva calificación se presenta incluso como más intuitiva si se tiene en cuenta lo mucho que se debatió en estos días al respecto. 

La sentencia de la Cámara exhibe particular mesura, un recorrido puntilloso de la secuencia de hechos que desencadenaron en la muerte de Kukoc y una ponderación de todos los elementos en juego: los jueces valoraron la inusitada violencia utilizada por el joven hoy muerto para hacerse de una cámara de fotos, la situación drástica en que quedó el turista herido, el contexto de alarma generado y el modo en que ello se pudo haber proyectado incluso en un profesional en la tarea de perseguir el delito.

Para los jueces quedó claro, con los elementos de prueba que hasta hoy todos conocemos, que el policía acusado cruzó la línea de lo permitido cuando disparó del modo en que lo hizo. La Cámara dejó expresamente dicho que “el dolo homicida −esto es, la intención de matar− está despejado por la oportunidad y la forma en que disparó”. No se trata de discutir si Chocobar tenía una particular aversión por Kukoc o por las personas en sus condiciones, sino de si actuó con el profesionalismo que su condición de policía le exigía en casos como este para los cuales, precisamente, recibió entrenamiento.

La conclusión a la que se arribó ya la anticipamos. La Cámara confirmó la decisión del juez anterior, aunque desde otra perspectiva, e incluso sugirió la realización de más medidas de prueba que tienen potencial para aclarar aun más la situación.

Todavía queda un largo camino judicial por recorrer y no podemos aventurar resultados. Primero porque es altamente probable que la opinión pública pierda, en los próximos meses, interés en el tema y la cause acabe de un modo no tan espectacular. Tal vez prescripta o basada en hechos que se descubran más adelante y que condicionen la decisión al punto de dejar poco espacio para el debate.

Pero lo que importa en verdad es ver el comportamiento de nuestras instituciones frente a este hecho, particularmente complejo.

Alguna alarma debería generarnos que el Presidente de la Nación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Ministra de Seguridad hayan corrido a sacarse fotos con un policía acusado de los hechos de los que estamos hablando. Podemos dejar a un lado categorías con fuerte carga emotiva como “gatillo fácil” o “ejecución extrajudicial” pero prácticamente desde el momento cero pudimos saber que −cuando menos− estábamos frente a un obrar de dudosa profesionalidad (el mismo Chocobar reconoció haber disparado a la carrera, con una sola mano y la cara tapada). Luego los videos que circularon nos dejaron bastante claro que los disparos alcanzaron al joven muerto por la espalda.

Más aun, al conocerse la resolución de Cámara que arriba comentábamos, el Presidente de la Nación salió a brindar declaraciones que exteriorizan un inadmisible desconocimiento propio o −lo que es peor− buscan generarlo en sus millones de espectadores. Montado en el escándalo que generó el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, acusó a los jueces de seguir sus doctrinas en un macartismo frente al que tendríamos que reflexionar con cuidado.

Zaffaroni, que aparece como un Deus ex machina de cada resolución judicial que al gobierno le desagrada, no fue citado ni una sola vez en la resolución de la segunda instancia. Y, en cambio, sí aparecen citados los grandes autores de la doctrina penal clásica como Núñez, Soler, Fontán Ballestra y Creus; auténticos maestros en la materia que −con justicia− reivindican las voces críticas del zaffaronismo y su auge (mas académico que judicial, pero de eso deberíamos ocuparnos en otro momento).

La resolución, hay que insistir, es verdaderamente moderada. Hace hincapié en el inadmisible desprecio por la vida que se observa en el robo, el cumplimiento de los deberes del policía y la corrección de su conducta, que va en un aceptable sentido creciente pero falla al no detenerse frente al deber de no disparar letalmente en casos como este. O al menos poner el cuidado necesario para que los disparos efectuados no sean letales.

Y sin embargo, ahí están una vez más las voces oficiales hostilizando al Poder Judicial porque no falla como ellos preferirían. El antecedente de Jorge Triaca, que pretendió abrir un juicio político contra los camaristas laborales que fallaron contra sus pretensiones en el conflicto gremial bancario, aparece cada vez menos como un episodio aislado. Patricia Bullrich ya había dicho que las fuerzas a su cargo no acatarían órdenes ilegítimas de ningún juez y ahora dijo que iban a invertir la carga de la prueba en casos como este, presumiéndose la inocencia de la policía en casos de muertos en enfrentamientos. Horacio Rodríguez Larreta se sumó a esta construcción discursiva del policía héroe de la jornada asediado por un Poder Judicial que estaría patas para arriba y condena a los buenos.

¿A dónde estamos yendo? ¿Dónde estaban estos funcionarios cuando ocurrieron los hechos por los que Argentina tuvo que pedir disculpas y ofrecer reparaciones internacionales por el caso Bulacio? Muchos de ellos en el gobierno, por lo que cuesta imaginar que olviden que ese caso (y tantos otros de brutalidad policial) fue posible al amparo de una peregrina doctrina de que a la policía hay que dejarla hacer su trabajo. Y no estamos hablando solo de prácticas toleradas sino de normativas internas −la nefasta circular 50− que sustraía precisamente el accionar policial del control judicial y que permitió los horrores que integran la lista de vergüenzas que la Argentina levanta frente a sus países hermanos de la OEA.

No puede negarse la indeseable presión que el oficialismo ejerce para condicionar a los jueces en la resolución de la causa. Algo de esperanza en estos últimos debe quedarnos porque, amén de este auténtico corso de conductas bizarras y mal intencionadas, los magistrados fallaron conforme su convicción y conocimientos y de un modo que se anticipaba desagradable para el paladar oficial. Es claro que ese es el modo en que deben hacer su trabajo, pero en un país con estos severos déficits institucionales la normalidad ya es virtud.

El Poder Judicial habla por sus sentencias y no puede (ni debe) entrar en confrontaciones mediáticas. Por eso es de una enorme deslealtad institucional que las otras ramas de gobierno usen su capacidad mediática para rivalizar con interlocutores que tienen −cuando hacen bien su trabajo− no solo los ojos vendados sino una mano atada.

Es alto el riesgo que corremos si la clase dirigente carga las armas contra uno de los poderes de la República. Máxime si lo hace cuando se enoja porque las normas de juego le impiden concretar sus pretensiones. Y hay que acusar alguna dosis de maquiavelismo si se aprovecha la limitada capacidad de respuesta de ese Poder para revertir acusaciones absurdas como las que hemos tenido que oír. El riesgo es alto, insisto, y ya lo hemos vivido en el pasado reciente.

Si como comunidad estamos dispuestos a reaccionar contra estas actuaciones oficiales lamentables, la alarma debería ser mínima. Si, en cambio, advertimos que todo lo que ha sucedido logra asentarse en el sentido común y pasa a ser una suerte de nueva racionalidad colectiva, habrá llegado el momento de preocuparse. Porque todo lo que hemos visto es, en cualquier manual que hable sobre nuestras instituciones y Estado de Derecho, todo lo que no debe hacer un Ejecutivo con el Poder Judicial.