¿Qué industria del juicio?

Se oye hablar con frecuencia de que en Argentina funciona una "industria del juicio". Es este último un concepto de contornos difusos, que algunas veces se orienta hacia un reproche de ética profesional hacia los abogados y otras veces cuestiona una supuesta exageración de los pretensiones que los ciudadanos esgrimen ante los tribunales. 

La idea de "industria del juicio" tiene un componente decididamente patronal, y por eso sorprende que haya ganado carta de ciudadanía entre amplios sectores de la comunidad y la opinión pública que lejos están de pertenecer a aquel sector. Es que se trata de un giro utilizado, originalmente, para deslegitimar los reclamos de empleados y obreros frente a sus patrones de cara a la siempre creciente siniestralidad laboral, las formas cada vez más ingeniosas de precarización y las sutiles maniobras de ingeniería para ahorrarse las indemnizaciones por despido injustificado. Basta un simple ejercicio para ver hasta que punto esta afirmación es exacta: vaya a Google, tipee "industria del juicio" y todos los resultados de la primera página del motor de búsqueda (la única que lee el 90% de los usuarios) refieren al litigio laboral. 

No es que la Justicia del Trabajo sea "demasiado pro obrera" como se ha oído decir a fuentes oficiales, sino que el Estado tomó la decisión (hace setenta años) de generar instituciones públicas que matizan la situación de debilidad característica del vínculo privado patrón-trabajador, que muchas veces supone la postración jurídica, económica y social de quien presta su fuerza a la industria. 

¿Qué respuesta esperar de la jursidicción para una familia que quedó sin sustento porque quien lo proveía murió al caer desde la altura, o aplastado por una máquina? ¿Cómo compensamos a quien en ocasión de trabajo perdió una de sus manos y muy díficilmente vuelva a ser contratado por el rubro en el que se desempeñaba? ¿De qué manera hacemos justicia frente a un empleado que se desempeñó a las órdenes de una empresa a lo largo de quince años y un buen día descubre que, en los papeles, no era empleado sino socio de una cooperativa y por lo tanto no tiene derecho a nada?

Las situaciones de injusticia irritante que se observan en esta materia son de variado tipo. Y frente a ello levantar el cartel de "industria del juicio" expresa un temperamento indolente y apático que solo puede explicarse por un profundo desconocimiento de cómo operan estas cuestiones en la sede judicial. Desconocimiento, por cierto, usado muy hábilmente por sectores de interés. 

Claro que en el marco de aquellos juicios se esgrimen muchas veces peticiones superiores a las respuestas esperadas, y también existen reclamos superfluos. Pero eso no es patrimonio exclusivo del litigio laboral: la acusación en el juicio penal generalmente pide más condena de la que espera obtener; el actor en juicio civil "infla" todos los rubros indemnizatorios que pretende, porque sabe que lo más probable es que el juez resuelva por debajo de sus aspiraciones, etcétera. Se trata de una práctica instalada en muchísimos ámbitos de negociación y disputa de "pedir más para obtener menos". 

A nadie ofende que los integrantes de la farándula, por ejemplo, entren en auténticas guerras judiciales por cuestiones de lo más frívolas y pongan en marcha los saturadísimos engranajes de la justicia civil (patrimonial o de familia) para hacerse de espacios de prensa. Se festeja la situación, incluso, y las sentencias obtenidas -cualquiera sea su resultado- se reciben con admiración y alguna dosis de morbo.

Lo verdaderamente problemático es que el gobierno nacional haga uso de esa confusión generalizada para descargar sus responsabilidades en otras esferas del Estado o -lo que es peor-  la explote para avanzar con reformas que se advierten regresivas para sectores tradicionalmente postergados en nuestro medio. 

No ignora el presidente ni los ministros del ramo que, por ejemplo, los juzgados laborales de primera instancia de la Capital ostentan una cantidad de vacantes alarmante y una estructura colapsada. Desde que el abogado del trabajador deja planteado su reclamo ante el juez hasta que este puede darle trámite pasan muchas veces más de cuatro meses. Y tales tiempos serían muy superiores de no ser por la labor de empleados, funcionarios y magistrados que trabajan muy por encima del horario reglamentario y en condiciones de seguridad e higiene muchas veces deplorables. Todo para que desde los estrados oficiales luego se los acuse de vagos y prebendarios. 

¿Quién tiene la responsabilidad entonces? ¿El empleado que cayó desde la altura o el empleador que ahorró costos en elementos de seguridad? ¿El trabajador echado sin explicación y con una familia a cargo o el empleador que nunca registró adecuadamente la relación laboral?

El problema no es el planteo exagerado, porque para eso están los jueces, que corrigen las situaciones de peticiones abusivas desestimándolas o reduciéndolas a sus límites razonables. Y esta corrección (ya sea porque se considere mezquina o generosa) puede cuestionarse varias veces por los medios de impugnación que el ordenamiento procesal ofrece. Pero ¿cómo ejercer esta delicada tarea en el marco de zozobra que hemos descripto? De allí que ofenderse frente a pretensiones abultadas es para ingenuos o neófitos. 

Si hasta aquí las responsabilidades de la administración  en esta situación problemática son indirectas debemos agregar un último factor a nuestro análisis: ¿cómo se comportan los gobiernos frente al conflicto judicial que va creciendo exponencialmente?

El macrismo ha inaugurado una política de hostilización que debería desconcertar a quienes apoyaron su llegada al gobierno por la promesa que realizó de encarar una necesaria reconstrucción institucional. El actual  ministro de trabajo denunció y pretendió la destitución de dos jueces de la Cámara del Trabajo porteña solo porque fallaron de una manera contraria a la de sus aspiraciones (el fallo ordenaba al gobierno no intervenir en la paritaria de los trabajadores bancarios). La mera disconformidad con el contenido de una sentencia motorizó la maniobra. ¿Cómo va a lograrse un Poder Judicial robusto, severo con la injusticia y equitativo si los magistrados tienen que cuidarse de no irritar al oficialismo con las decisiones que adoptan?

En otro fuero que también exhibe perfiles de crisis, el Federal de la Seguridad Social, la administración actual en nada innovó respecto de la anterior. Sigue apelando las sentencias de reajustes de haberes jubilatorios, prolongando irrazonablemente los juicios, saturando a los tribunales de primera instancia y su alzada y -sobre todo- dilatando en el tiempo el acceso a sus haberes de adultos mayores que, tras años y años de trabajo, se encuentran en un contexto de inadmisible estrechez económica. 

La administración Macri en la ciudad hizo lo propio en materia de política de vivienda. Tenemos al fuero Contencioso administrativo y Tributario local saturado por amparos habitacionales, que se sabe de antemano que van a prosperar porque desde hace once años que se ha considerado insuficiente la única alternativa ofrecida por el gobierno porteño, a saber: veinticuatro cuotas mensuales de escasez por grupo familiar para que este pueda acceder a un alquiler, a la sazón, precario. 

La situación es kafkiana. Los propios empleados del ministerio que administra estos subsidios avisan a sus beneficiarios al momento de cobrar la última de las veinticuatro cuotas que "tienen que ir a hacer el amparo", como si el Poder Judicial (y la vía del amparo, tan desvirtuada) fuese una instancia burocrática más desde donde resolver la situación de vivienda planteada. Y así se pone en funcionamiento un proceso cuyos resultados ya se saben -como dijimos- pero que de todos modos es contestado por el Gobierno porteño, apelada su sentencia y todo un raudal de actuaciones procesales que insumen tiempo y recursos. 

Pero allí no se habla de "industria del juicio". Tampoco de los muy serios problemas éticos que tiene mantener una política de vivienda ya considerada hasta el hartazgo incompatible con derechos de los ciudadanos, especulando con que no todos los integrantes de grupos tan postergados accederán a la jurisdicción y llegarán a plantear un juicio de amparo. 

¿Qué industria del juicio queremos combatir entonces? Cualquiera sea la respuesta, la solución parece venir por el mismo lado: independencia judicial y comportamiento ético de la Administración.