Un diálogo pendiente entre hermanas orgullosas

La cuestión sobre cómo dialogan y se interpelan entre sí las Ciencias Sociales tiene en la Ciudad de Buenos Aires un matiz diferencial. La UBA le pone el ritmo a esa dinámica, asigna identidades profesionales y facilita u obtura los vasos comunicantes interdisciplinarios, cada vez más necesarios en un mundo de complejidad creciente.

Esta es una preocupación que venimos señalando, y que pudimos exponer en el pasado congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político, junto con dos colegas de la abogacía y un politólogo también próximo a graduarse en leyes (puede descargarse el trabajo aquí) . Dijimos entonces que el auténtico divorcio que se impuso en nuestro medio entre la Abogacía y la Ciencia Política llevaba a que tramos importantes de la realidad argentina sean abordados (cuando lo son) desde perspectivas incompletas o insatisfactorias. La reflexión que seguidamente proponemos pude aplicarse a varias áreas del conocimiento social, pero circunstancias como la aludida hacen que nos centremos en aquellas dos. 

El del Poder Judicial es uno de los casos más evidentes: la centralidad que ocupa la institución en la opinión pública tiene su correlato en el debate académico, y es frecuente oír en discursos disciplinares no - jurídicos afirmaciones incapaces de dar cuenta acabada de la complejidad de su funcionamiento: su descripción a partir de meros ejercicios decisionales, basados únicamente en preferencias metajurídicas del juez; el abordaje de ciertas garantías que integran el debido proceso (vgr. juez natural, inamovilidad) como conquistas corporativas de cierta oligarquía retardataria; la captación del juicio como el recurso al que echa mano el derrotado en la arena política, etcétera. 

Una cuota de verdad han de tener todas esas afirmaciones, pero de verdad que son desconcertantes cuando se las trata de poner en perspectiva con otras áreas del conocimiento. Y esto parece ocurrir porque también quienes provienen de esas otras áreas se han encerrado en el confort de su saber específico. 

Aún al más encarnizado defensor de la Teoría Pura del Derecho kelseniana encontraría inocente el afirmar que la tarea del juez es un mero ejercicio silogístico, que se satisface a al encontrar la norma que podría dar solución al caso (premisa mayor), cotejarla con las circunstancias de aquel (premisa menor) y lograr así una solución justa (conclusión). Y sin embargo parece subsistir en cierto sentido común jurídico que esa es la tarea del buen juez, la del juez ideal, respecto de la cual las demás son formas que que se alejan del extremo ideal, cuando no degradadas. 

Si a tales razonamientos tan polares se le agregan los factores folklóricos propios de la argentinidad, y algunos motivos históricos relevantes, se entiende con mayor facilidad el panorama de no- diálogo que más arriba describíamos. Exótica situación en un país en el que uno de sus politólogos más brillantes fue también abogado.

Y como dijimos, en Buenos Aires, la asignación de identidades profesionales que realiza la UBA tampoco es cuestión menor y sobre el punto se impone un debate hacia el interior de la comunidad académica. 

Predomina en la Facultad de Derecho la formación hacia el litigio, sin dudas esencial, pero con merma en otras áreas del desempeño del abogado, fundamentalmente la investigación. Es sin dudas una asignatura pendiente la inclusión de contenidos obligatorios sobre metodología de las Ciencias Sociales en la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho. Esta situación se une a otras interesantes como la eliminación de la materia Derecho Político al inicio del curso regular (sustituida por la más germanista y difusa Teoría del Estado) y la relativización de la importancia de contenidos que no tienen vinculación directa con la praxis cotidiana de los tribunales pero sí indudable valor científico. Tal es el caso de Derecho Romano, eliminada de la cursada obligatoria inicial y enviada al tramo final de formación sólo para quienes eligen especializarse en Derecho Privado; alternativa esta que no se repite en prácticamente ninguna Universidad Nacional. 

Se refuerza así cierta representación social del abogado, cada vez más "operador jurídico" y menos jurista. Limitar las competencias de esos profesionales a la tramitación judicial del conflicto interpersonal es un lamentable error, que no es ajeno a costos en términos de derechos . En cualquier caso, da la sensación de que cundió en el imaginario de algún colectivo la idea del abogado aferrado a la falacia legalista, que repite todos los días como un mantra "así es, porque así deber ser". 

Y de otro lado, las competencias jurídicas de cientistas sociales formados en otras casas de estudio de la UBA no parecen ser siempre lo suficientemente completas o satisfactorias como para captar la complejidad de lo jurídico. Situación esta que estimula análisis simplificadores e incluso peyorativos. Como dicen los viejos: si tengo un martillo, todo lo veré como un clavo. De allí que muchos discursos provenientes de otras Ciencias Sociales son captados por algunos entrenados en Ciencia Jurídica como apoyos a la lucha entre fuertes y débiles, a la imposición de la realidad sin criterio de justicia o incursiones en la falacia realista (refleja de la anterior nombrada): "así debe ser, porque así es".

Ambas apreciaciones son erradas. Pero -como quisimos decir- también pueden explicarse en buena medida por las deudas que la formación disciplinar de grado tiene en nuestro medio. Alternativas hay de variado tipo, y apelar a la necesidad de cambios superestructurales es una muy interesante pero que, de alguna manera, relaja las responsabilidades de los de aquí y ahora. 

El primer paso podría ser renunciar a la soberbia profesional y al confort del propio conocimiento. Reconocer que existen fenómenos cuyo abordaje sobrepasa al alcance de nuestras competencias. Ello, lejos de minar el prestigio de las disciplinas de origen, las coloca en un lugar de vanguardia: el de aportar soluciones distintas, innovaodras y audaces a viejas frustraciones. Cualquier rama del conocimiento que participe de ese intento saldrá enriquecida. Y también impresionan ser más prometedores esos esfuerzos para el conjunto social. 

La relación entre soberanías y fronteras tiene una carga de tensión innegable. Los desafíos del mundo actual han llevado a entidades poderosas a ensayar soluciones que permiten administrar esos tironeos con resultados nada desdeñables. Lo mismo que de los Estados, no deberíamos pretender de las distintas disciplinas de las ciencias sociales que abandonen competencias excluyentes que le son propias. Hacerlo sería propiciar su virtual aniquilamiento. Pero darse una política para coordinar esas exclusividades y hablar conjuntamente sobre aquellas cosas que están fuera de ellas -por cierto, la mayoría- parece una receta eficaz para enriquecer nuestro horizonte científico. 

Lucas Bellotti San Martín